Todo se le cae a Iván Duque
A nadie tomó por sorpresa que la Corte Constitucional tumbara la modificación de la Ley de Garantías que el gobierno impulsó con el pretexto de reactivar la economía y generar empleo para amortiguar los efectos de la pandemia. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que una ley estatutaria no puede modificarse a través de una ley ordinaria. El gobierno, en una jugadita para evitar el control previo de constitucionalidad que tiene la ley estatutaria, metió gato por liebre. La disfrazó de ley ordinaria, que solo tiene control posterior, para tener la plata disponible para las campañas políticas.
Sin embargo, para muchos colombianos, lo más indignante era saber que la Casa de Nariño quería aprovechar los meses de su vigencia para impulsar a sus candidatos al Congreso y a la Presidencia, convirtiendo en mermelada los recursos que no quiso invertir durante los peores meses del Covid19. Mientras países como Perú, con economías de similar tamaño, invirtieron entre cinco y seis veces más recursos que Colombia para aliviar a los más pobres, la administración Duque cerró la llave durante la peor sequía para poder abrirla en época de elecciones.
A primera vista el fracaso de la intentona podría verse como una derrota jurídica pero, en materia política, Iván Duque se salió con la suya. El gobierno logró repartir suficiente mermelada para elegir a la mayoría de los 15 senadores del Partido Conservador, a muchos de su partido, el Centro Democrático, e incluso a varios del Partido Liberal que estuvieron alineados con sus iniciativas legislativas.
La Corte trató de corregir el error pero el daño que ya estaba hecho. Muchos de esos recursos, otorgados por convenios interadministrativos que perdieron su legalidad por la decisión, siguen trabajando de alguna manera para la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, el candidato favorito del presidente. En este caso “el error jurídico” del gobierno ha funcionado para apalancar a sus aliados políticos.
Los que le ayudaron al gobierno a aprobar una norma, claramente inconstitucional, son los mismos beneficiarios. Estaban advertidos sobre la ilegalidad del trámite y tenían la certeza de que esto se iba a caer en la Corte Constitucional, como en efecto pasó, pero pusieron en la balanza los beneficios electorales y decidieron asumir el riesgo. Las consecuencias serán costosas para Colombia. Los legisladores favorecidos con la mermelada seguirán elegidos, pero los contribuyentes tendrán que pagar las millonarias demandas al Estado originadas en más de 600 mil contratos que se cayeron por la ilegalidad que los sustentaba.