Que el caso de Juan Carlos Abadía no quede impune: Gustavo Moreno

Abadía fue gobernador entre 2008 y 2010. Su período terminó porque la Procuraduría lo inhabilitó por participación en política. / Cortesía revista Semana

Desde que estalló el escándalo del cartel de la toga, a mediados de 2017, la mayoría de sus protagonistas -exmagistrados, excongresistas y exfuncionarios- han sido condenados o procesados por la justicia. Salvo uno, que ni siquiera ha sido llamado a rendir cuentas: el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Desde hace años su nombre se ventila en audiencias de imputación y en juicios públicos como presunto beneficiario de este cartel de corrupción que torcía o engavetaba expedientes en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. En su caso particular, el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo ha acusado de pagar $1.000 millones para “arreglar” varios procesos cuando fue gobernador y evitar que fuera detenido. Lo curioso es que los que habrían recibido esos dineros están condenados o enjuiciados, pero el que supuestamente los dio, no.

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Luis Gustavo Moreno, por ejemplo, tras ser capturado, aceptó sus delitos, confesó sus andanzas del pasado, echó al agua a todos los miembros del cartel, fue extraditado a Estados Unidos, terminó condenado en Colombia y hoy es testigo estelar en este expediente. El exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra, quien en su momento investigó a Abadía, también fue sentenciado por haberlo favorecido con el archivo de dos procesos que cursaban en su despacho y por haber retardado, a pesar de las pruebas, su llamado a imputación por presuntos sobrecostos en un contrato de dotación de bibliotecas. Bettín, una vez descubierto, admitió todo y negoció un preacuerdo. El último de los condenados y cabeza de este cartel es el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, a quien el pasado miércoles el Tribunal de Bogotá confirmó su responsabilidad en los hechos, pero el rebajó su pena de cárcel.

En contraste, Juan Carlos Abadía no ha sido ni siquiera llamado a imputación por este escándalo. Desde 2017, la Fiscalía tiene información en su contra, y en los múltiples frentes de investigación que se abrieron por este caso, su nombre ha aparecido dentro del listado de políticos beneficiados por este cartel. Luis Gustavo Moreno, quien ofició como su abogado, declaró en septiembre de 2017 en la Fiscalía: “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones”. Y añadió: “Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”. En algún momento, agregó Moreno, Abadía se colgó con esos pagos y Ricaurte le mandó a decir amenazante: “Si no paga la totalidad, lo vamos a imputar”

Luis Gustavo Moreno reveló la bitácora de detalles turbios en este proceso. Contó, por ejemplo, que en 2014 Francisco Ricaurte le presentó a Juan Carlos Abadía en San Andrés y que de inmediato este le otorgó poder para que lo representara en distintos procesos que tenía en la Fiscalía. Según Moreno, Ricaurte empezó a darles manejo a los casos contra Abadía, pues el fiscal Alfredo Bettín era cuota del cartel en esa entidad y hacía lo que le ordenaban. El propio Bettín declaró en juicio que en 2015 tuvo varias reuniones en el apartamento de Ricaurte, que allí reveló detalles reservados del proceso que adelantaba contra Abadía al punto de anticiparle que había prueba suficiente para imputarlo. De acuerdo con Bettín, Ricaurte le dijo que era amigo de Abadía, que él era inocente y que revisara bien ese expediente, porque el exgobernador “había actuado de buena fe”.

Tomado Espectador  com